Cualquier persona tiene derecho a la protección de sus datos de carácter personal. Con el derecho al olvido, la persona tiene el derecho a decidir sobre quién tiene datos personales suyos y a saber con qué fines dichos datos son empleados por una organización. Por lo tanto, el derecho al olvido aparece como un mecanismo para que los datos personales desaparezcan o no dejen rastro en la red.

En Costa Rica no cuenta propiamente un derecho al olvido en su legislación por el momento. Por el momento, el derecho al olvido se refiere a la clasificación crediticia donde se solicita que la información en materia crediticia deben ser eliminadas de los archivos oficiales transcurrido un determinado tiempo.

Entre los recursos legales existentes está la Ley de Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales del 2011 que tiene como objetivo garantizar a toda persona el respeto de su derecho a la autodeterminación informativa, así como la defensa de su libertad e igualdad con respecto al tratamiento automatizado o manual de sus datos correspondiente a su persona o bienes.

Mediante esta ley se creó un órgano para velar por el cumplimiento de la normativa, denominado Agencia de Protección de los Datos de los Habitantes (Prodhab). Pero no se estableció expresamente el derecho al olvido, si no fue su reglamento en el artículo 11, y estableció que la conservación de los datos personales que puedan afectar a su titular no deberán exceder el plazo de 10 años. De esto se podría deducir que los medios digitales podrían estar obligados a eliminar estos datos una vez transcurrido este plazo.

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